La Unión General de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal, UGTI rechaza la política pública de vendedores informales.
Como UGTI felicitamos al presidente Gustavo Petro por su elección. Respaldaremos las iniciativas del gobierno nacional dirigidas a beneficiar a la nación en general y en particular a los trabajadores informales y en la economía popular. Haciendo uso a nuestra autonomía e independencia, igualmente, nos opondremos a cualquier medida que atente contra los intereses de los trabajadores y el país
A su vez manifestamos que, desde el 2019, el gobierno de Iván Duque tramitó la Ley 1988 para orientar la política pública de vendedores informales. Esta política pública adoptada en el decreto 801 de 2022, ahonda en el aprovechamiento económico del espacio público, insiste en recuperar el espacio público desalojando a los vendedores de sus puestos de trabajo y no propone nada nuevo en torno a aminorar la creciente informalidad laboral del país
La lucha contra el aprovechamiento económico se constituye en la principal bandera de los vendedores informales puesto que significa, entre otras, la privatización del espacio público, limitando el derecho al trabajo y poniendo el interés económico por encima del mínimo vital y del derecho de los trabajadores por conseguir el sustento de sus familias en medio de la crisis por la que atraviesa el país
La política pública supone la recuperación del espacio público sobre la base de sacar a los vendedores de sus puestos de trabajo sin ofrecer alternativas para un ingreso mínimo o garantía de las condiciones que permitan la subsistencia. Las ofertas y los programas ofrecidos no son suficientes para resolver estructuralmente el problema, ni para alivianar las calamidades de los trabajadores informales
La politica publica se propone reducir la informalidad laboral que en Colombia alcanza el 65% de la población ocupada, pero para tal fin solo ofrece vinculación a los mal llamados pisos de protección social, capacitaciones a través del SENA y promoción de los emprendimientos. No ofrece un solo puesto de trabajo formal nuevo que permita cerrar la amplia brecha, mientras eso no suceda no es posible reducir la informalidad
Esta política pública redunda en el mismo esquema que se ha aplicado en Colombia en el trato a los vendedores informales. No sitúa el problema de la informalidad en los temas macroeconómicos y en la política que ha marchitado el aparato productivo nacional y promovido los TLC, profundizando la informalidad, sino que se atiende con medidas que no solo no corresponden a las necesidades del sector, sino que aplican modelos que comprobados, no funcionan y, para completar, insistes en la privatización.
Desde la aprobación de la Ley 1988 en las ciudades y municipios del país, dentro de los que vale la pena mencionar los casos de Cartagena, Bucaramanga, Cali, Pasto, Bogotá, Soacha, entre otras, se han generado reubicaciones inconvenientes para los trabajadores, el cobro a los vendedores y la creación de entidades de caracter mixto para la administración del espacio público.
En ese sentido, ratificamos nuestro profundo rechazo a la Ley 1988 y la política pública de vendedores informales. Solicitamos al gobierno del presidente Gustavo Petro y su ministra del trabajo Gloria Inés Ramirez se convoque una mesa nacional, junto a las organizaciones de trabajadores informales, para discutir, concertar y encontrar soluciones, a corto, mediano y largo plazo, para los trabajadores en este sector, frente a los efectos de la política pública y las problemáticas en general del sector informal
Bogotano, 30 de agosto de 2022
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y DE LA ECONOMIA INFORMAL
UGTI-CUT
